Publicado en La Jornada, domingo 10 de septiembre 2023

1973-2023 / A medio siglo del golpe en Chile:

la trama oscura

Xabier F. Coronado

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi

sacrificio no será en vano, será una lección moral.

Salvador Allende

El acontecer histórico es un relato en permanente construcción. Los sucesos más significativos de la actividad humana se narran en un hipotético libro donde está escrita la llamada historia oficial: una interpretación lineal y simplificada de hechos complejos con pocas posibilidades de ser fiel a lo acontecido. A pesar de ello, su conocimiento nos puede aportar claves para entender el momento que vivimos.

Un lugar común es afirmar que la historia se repite, los humanos volvemos a representar en el gran escenario terrenal los mismos melodramas, siempre con matices diferentes y protagonistas renovados. Dicha afirmación parece fundada cuando analizamos los innumerables capítulos que conforman el libro de la historia. De su estudio se pueden extraer enseñanzas que nos ayuden a prevenir, enmendar y liberarnos de esa espiral iterativa de eventos imbricados.

De este modo, las efemérides de momentos cruciales del pasado se convierten en oportunidades para recapitular lo acontecido, investigar y extraer las lecciones que se infieren de su análisis. Este es el caso de un hecho histórico que marcó el último tercio del pasado siglo cuyas consecuencias determinaron la consolidación de un cambio político y socioeconómico global que prevalece después de cinco décadas. Nos referimos al golpe de Estado ocurrido en Chile en 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular: un episodio que contagió a otros países del continente e impuso las bases para consolidar la economía neoliberal en gran parte del planeta.

Gobierno y golpe

Tenemos el gobierno, pero no el poder.

Salvador Allende

En las elecciones del 4 de septiembre de 1970, el candidato de la Unidad Popular a la presidencia de Chile, Salvador Allende Gossens, se impuso a Jorge Alessandri del Partido Nacional por un estrecho margen: 36.6 frente a 34.9 por ciento. De esta manera, Allende se convirtió en el primer presidente socialista que accedía al poder en América de manera democrática. El programa de gobierno de la Unidad Popular pretendía desarrollar reformas sociales, económicas y políticas que permitieran al país transitar por la denominada vía chilena al socialismo.

En las elecciones municipales celebradas en abril del año siguiente, la Unidad Popular elevó su porcentaje hasta el 50.9 por ciento. Allende aprovechó esta coyuntura para completar la nacionalización de la minería que había comenzado con el carbón, y tanto el hierro como el cobre pasaron a ser patrimonio del Estado chileno. Esta política molestó a las empresas privadas nacionales y extranjeras que tenían el control del sector minero del país.

El Congreso, controlado por una mayoría de diputados de oposición encabezados por la democracia cristiana, se concentró en bloquear la aprobación de las reformas impulsadas por el gobierno. La existencia de un funcionariado procedente del antiguo régimen no facilitaba las cosas y los grupos empresariales desataron una campaña de presión económica que provocó el descontento de la población. El escenario se agravó cuando el sector del transporte convocó a una huelga que produjo problemas de movilidad y desabasto. Este clima de inestabilidad desequilibró la situación interna del país.

El gobierno tenía la esperanza de incrementar su representación parlamentaria en las elecciones convocadas en marzo de 1973. Un resultado favorable permitiría mejorar la situación y reconducir el proceso legislativo para consumar la vía al socialismo planteada por el Ejecutivo. A pesar de que la Unidad Popular logró incrementar su porcentaje en relación a las anteriores elecciones presidenciales, el 43 por ciento de votos obtenidos no desbloqueaba la situación en el Congreso, pero tampoco permitía a la oposición impulsar una moción de censura para destituir a Allende.

Los grupos políticos que apoyaban al gobierno no se ponían de acuerdo en lo que se debía hacer; unos planteaban radicalizar el movimiento mientras que otros preferían intentar el diálogo con la democracia cristiana. Por su parte, los militares comenzaron a hacer declaraciones sobre la situación política del país; el general Gustavo Leigh advirtió al presidente que si se apartaba de la Constitución no tendrían otro remedio que enfrentar a su gobierno.

Los rumores de que se estaba preparando un golpe de Estado liderado por el ejército se generalizaron. El primer intento se produjo el 29 de junio: un reducido grupo castrense pretendió encabezar la sublevación, pero no fue secundado por el resto de las fuerzas armadas. Ante el fracaso del golpe, el presidente Allende reiteró su estrategia de diálogo para desbloquear la situación política. Un mes más tarde, la oposición abandonó definitivamente las conversaciones. Esa decisión dejaba el camino expedito para que se produjera el golpe de Estado del 11 de septiembre.

La trama oscura

El capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción,

 crearon el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición.

Salvador Allende

Durante su truncado período de gobierno, el presidente Allende enfrentó numerosos problemas derivados de las presiones políticas y económicas ejercidas desde el ámbito interno e internacional. El proceso de transformación emprendido por el gobierno de Unidad Popular tuvo la oposición de la derecha, la oligarquía empresarial y la mayoría de la cúpula militar. Incluso sufrió el rechazo de grupos revolucionarios de extrema izquierda. Por si esto fuera poco, el gobierno de Estados Unidos, con la anuencia de los países occidentales, trató de evitar la llegada de Allende al poder y, al no conseguirlo, puso todos los medios para recortar su mandato.

La victoria de Allende en las elecciones de 1970 provocó una fuerte reacción en contra del gobierno de Estados Unidos. Las causas de esa postura no son difíciles de explicar, desde un punto de vista histórico y coyuntural. La recurrente intervención política y militar estadunidense en otros países sirve para entender por qué la vía chilena al socialismo era considerada una amenaza. Asimismo, la coyuntura económica internacional muestra que el motivo de esta acción encubierta contra el gobierno de Unidad Popular fue proteger los intereses del sistema capitalista. La intención era imponer regímenes políticos gregarios que servilmente se sometieran al modelo neoliberal para configurar un orden económico mundial basado en la teoría monetarista de Milton Friedman.

La desclasificación parcial de una serie de documentos de la época permite constatar la intervención del gobierno estadunidense en los asuntos internos de Chile, desde antes de la ratificación de la presidencia de Allende hasta el golpe de Estado militar de 1973. Uno de esos documentos, fechado el 15 de septiembre de 1970, trata sobre la reunión que sostuvieron, en la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, con miembros del Consejo Nacional de Seguridad. El propósito era evitar que el congreso de Chile avalara la investidura de Salvador Allende como presidente constitucional.

Durante el encuentro, al que también asistieron el fiscal John Mitchell y el director de la CIA, Richard Helms, que fue quien redactó ese documento; se informó que eran pocas las posibilidades de alcanzar dicho objetivo, aunque había que intentarlo porque “era necesario salvar a Chile”. El presidente Nixon propuso “gastar lo necesario” e informó de la disponibilidad de diez millones de dólares para conseguirlo, “más sí se necesita, para realizar el trabajo a tiempo completo con nuestros mejores hombres”, y estableció un plazo de “48 horas para elaborar un plan de acción”. De inmediato, la CIA comenzó planificar el método para hacer efectiva la “fórmula del caos” a través de una “guerra económica, política y psicológica”.

Anteriormente, el 8 de septiembre, Kissinger había presidido el “Comité 40”, encargado de realizar intervenciones en el extranjero. Al final de la reunión, el secretario de Estado solicitó que la embajada estadunidense en Chile proporcionara de inmediato “una evaluación a sangre fría, con los pros y los contras, los problemas y las perspectivas si se organizara en esos momentos un golpe militar chileno con la ayuda de Estados Unidos”. El embajador Edward Korry respondió a Kissinger afirmando que el ejército chileno no se implicaría a no ser que hubiera “caos nacional y violencia generalizada.”

El 18 de noviembre, dos semanas después de ratificarse la investidura de Allende, la CIA reconoce su fracaso y difunde un informe interno sobre las actividades de la Fuerza de Operaciones Especiales en Chile. En el documento se revela que el 15 de septiembre la agencia de inteligencia había sido encargada de impedir “el acceso a la presidencia de Chile al marxista Salvador Allende”, y se detalla el desarrollo de las operaciones. En primer lugar, se desató una campaña de propaganda centrada en generar “preocupación sobre el futuro de Chile en términos que condicionarían la opinión y las acciones de los tres elementos clave del equilibrio político chileno: el presidente Frei, la élite política y el Ejército.”

Tras las elecciones presidenciales, el periódico de Santiago El Mercurio se había convertido en el medio más beligerante en contra de la legitimación del triunfo de la Unidad Popular. La CIA puso en marcha una campaña acusando a Allende de atacar la libertad de expresión e intentar reprimir a este medio. La acción encubierta de la agencia estadunidense incluyó la publicación de notas de protesta y solidaridad con El Mercurio en numerosos periódicos de Europa y América, así como una declaración de la Asociación Internacional de Prensa donde se daban detalles de “los esfuerzos comunistas” para apoderarse de la prensa chilena.

El informe de la CIA especifica que, antes del 28 de septiembre, se había desplazado a Chile un equipo de agentes con experiencia en el manejo de medios de comunicación, así como un grupo de periodistas provenientes de distintos países, para que “enviaran y publicaran información al respecto”. La presión se incrementó a través noticias tendenciosas publicadas en diferentes medios, valiéndose de chantajes y amenazas. La agencia también financió la creación de un nuevo periódico para apoyar la campaña propagandística.

Otras acciones consistieron en distribuir cartas en contra de la elección de Allende y fomentar el apoyo económico a grupos políticos de oposición para difundir sus posturas en prensa, radio y televisión. El plan contemplaba también la presión sobre el presidente en funciones, Eduardo Frei Montalva, a quien además de cartas enviaron copias de artículos publicados en la prensa internacional contra la investidura de Allende. Esta acción personalizada se extendió a la cúpula del ejército y a los responsables de medios nacionales de comunicación. Todo este montaje provocó la protesta de Allende, que el 13 octubre declaraba: “Estamos sufriendo la presión más brutal y horrible, interna e internacional.”

Ante la falta de respuesta por parte de Frei, la CIA barajó la posibilidad del golpe militar como alternativa para frenar la investidura de Allende. Se recurrió a organizar la desaparición del comandante en jefe de las fuerzas armadas, el general René Schneider Chereau. El 22 de octubre, días antes de que se reuniera el Congreso chileno para elegir presidente entre las dos candidaturas más votadas en las elecciones, un comando armado intentó secuestrar a Schneider. Al tratar de defenderse, el general fue baleado en su auto y murió tres días después en un hospital militar. La postura de Schneider sobre la situación política del país era de dominio público: mantenía que las fuerzas armadas debían respetar el orden constitucional, ratificar la neutralidad y acatar el resultado de las urnas.

El propósito del atentado era crear una crisis de inestabilidad interna que provocase la intervención del ejército, pero la estrategia no tuvo el resultado perseguido. Durante el pleno celebrado el 3 de noviembre, Salvador Allende logró la investidura al obtener 153 votos de apoyo frente a los 35 conseguidos por Jorge Alessandri.

El plan de Nixon contemplaba el eventual fracaso de su primer objetivo y, si Allende era ratificado, no habría otro remedio que frustrar el proyecto de nación del gobierno de Unidad Popular. Por iniciativa de Kissinger, el Consejo de Seguridad Nacional distribuyó un comunicado interno que detalla las órdenes del presidente para conseguir el segundo objetivo: “los Estados Unidos buscarán aumentar al máximo las presiones sobre el gobierno de Chile para limitar su capacidad de llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y sus aliados”. Para lograrlo se tomaban, entre otras, las siguientes resoluciones:

Excluir, en toda la magnitud posible, futuras ayudas financieras o garantías para la inversión privada norteamericana en Chile […] Ejercer la máxima influencia posible en instituciones financieras internacionales para limitar créditos u otras ayudas de financiamiento a Chile […] No deberá emprenderse ningún nuevo acuerdo bilateral de ayuda con el Gobierno de Chile […] El presidente decidió que el director de la Oficina de Preparaciones de Emergencia haga un estudio sobre las implicaciones de los posibles desarrollos en los mercados de cobre del mundo, acciones sobre las existencias y reservas de cobre, además de otros factores que puedan afectar la comercialización del cobre chileno y nuestras relaciones con Chile.

[...]
En la práctica, este plan de acción supuso una maniobra de desgaste continuo durante los tres años que duró en el poder el gobierno de Allende. La situación del país fue deteriorándose de forma paulatina y al llegar el mes de septiembre del ’73 la crisis parecía insostenible. El presidente Allende estaba dispuesto a emitir un comunicado con la decisión de convocar un plebiscito para someter a consulta popular su continuidad al frente del ejecutivo.

La CIA calculó que era el momento de dar el mazazo final y puso en marcha la maquinaria golpista. El 10 de septiembre, la dirección de operaciones de la agencia de inteligencia estadunidense distribuyó un documento anunciando los hechos: “Un intento de golpe militar se iniciará el 11 de septiembre. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas y los Carabineros están involucradas en esta acción...”

Todo siguió su curso según lo previsto: desde la madrugada del día 11 el aparato golpista comenzó a funcionar sin tropiezos y el gobierno de Unidad Popular fue derribado violentamente. El presidente Allende perdió la vida y la misma suerte corrieron miles de chilenos.

Las consecuencias

Pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. La historia los juzgará.

Salvador Allende

Chile entró en un túnel regresivo y sangriento, el país sufrió un gobierno autoritario desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990. El pueblo soportó graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. La represión dejó más de tres mil muertos y desaparecidos, cuarenta mil víctimas –reconocidas oficialmente por la Comisión Valech en 2011– y un gran número de chilenos tuvieron que partir al exilio.

Los primeros días después del golpe fueron especialmente violentos. Se produjeron detenciones masivas y se publicaron listas de personas simpatizantes del gobierno de Unidad Popular. Los prisioneros fueron trasladados a comisarías, cuarteles, penales y centros deportivos, donde eran torturados y ejecutados. Como dato sobre la violencia ejercida por la dictadura militar cabe recordar la llamada “caravana de la muerte”, que recorrió el país durante las primeras semanas con el objetivo de asesinar a los partidarios de Allende.

En junio de 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (dina), una policía secreta que tenía como misión detener a personas y encarcelarlas para obtener información por medio de tortura. La dina extendió su actuación a nivel internacional, ejecutando a colaboradores de Allende refugiados en otros países. En Argentina fueron asesinados Carlos Prats y Sofía Cuthbert (1974); en Roma, Bernardo Leighton y Anita Fresno (1975); y en Washington murieron Orlando Letelier y Ronnie Moffitt (1976).

En otros aspectos, el golpe de Estado llevó a la implantación de una nueva política económica en el país. A partir de 1975, un grupo de economistas chilenos egresados de universidades de Estados Unidos aplicó en Chile un conjunto de medidas que eran la base del modelo neoliberal. Una estrategia económica que cambia el rol protagonista del Estado, que pasa a ser un ente subsidiario que utiliza sus recursos para promover la participación del sector privado en áreas que anteriormente eran de su exclusiva competencia.

Estas medidas tuvieron consecuencias inmediatas: reducción del gasto en obras públicas y áreas sociales; cambios en el régimen laboral, con recortes de empleo y salarios; política de privatizaciones, con incentivación de la inversión extranjera a través de la eliminación de impuestos, y adopción de formas de producción intensiva e industrializada. Las reformas del sistema sanitario y educativo, así como los planes de jubilación y las pensiones, estuvieron directamente relacionadas con la estrategia de privatizaciones característica del modelo neoliberal. Se produjo un aumento del consumo de productos provenientes de Estados Unidos y una proliferación de créditos bancarios, facilitados por entidades privadas, que provocó el endeudamiento de la población.

En definitiva, se impuso una estructuración de la economía que afectó a la sociedad chilena con consecuencias que se mantienen presentes en la actualidad. Chile se convirtió en el primer laboratorio para aplicar las premisas del neoliberalismo. Una política económica adoptada en las siguientes décadas por otros países, que pugna por dominar el planeta.

Durante el medio siglo pasado desde entonces, se produjo la desintegración del bloque socialista, el fin de la llamada guerra fría y el irrefrenable auge del modelo neoliberal. Dos factores han dominado a lo largo de estos años el panorama mundial: la concentración del control político en manos de Estados Unidos, como cabeza del bloque occidental, y el colonialismo económico. Este proceso tuvo como consecuencia el incremento de las intervenciones armadas y la generalizada desigualdad social.

A pesar de haberse constatado la intervención del gobierno estadunidense en la mayoría de los golpes de Estado que derivaron en regímenes autoritarios, durante los cincuenta años transcurridos no se han analizado en profundidad las consecuencias de estos hechos. Aún quedan enseñanzas que aprender al respecto. Se hace necesario buscar la manera de que esas prácticas no se repitan con la misma facilidad y reconocer sus mecanismos para poder desactivarlas.

La dictadura de Pinochet, además de represión y muerte, supuso una pérdida de identidad para el país, que había optado por emprender un camino propio y diferente. Es importante encontrar la manera de proteger pueblos y naciones para que no sufran, por intereses políticos y económicos, la invasión de sus territorios, la violación sistemática de sus derechos y la desaparición de sus tradiciones.

El capitalismo y el sistema neoliberal, impuestos por Occidente, conllevan un colonialismo económico, promueven el individualismo, que implica desintegración social y uniformidad a través del consumo, transforman y destruyen culturas. El poder económico es supranacional, no pasa por las urnas, y los gobiernos son comparsas desechables. La corrupción impera en la política, los grupos sociales se fragmentan y los individuos se vuelven indolentes y adocenados, apáticos en el logro de su desarrollo cultural e intelectual. La sociedad civil no participa en el poder y se propicia la aparición de dirigentes con prácticas autoritarias encubiertas. La historia se repite, la serpiente se muerde la cola.


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